La estrategia integral que apuesta por el desarrollo y la justicia
El estado de Michoacán asiste a un momento de inflexión en materia de seguridad pública. El pasado 4 de noviembre de 2025, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó desde Palacio Nacional el plan denominado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, el cual se diseñó tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y contempla la combinación de fuerza operativa, desarrollo social y justicia para combatir el crimen organizado.
Este plan se estructura alrededor de tres ejes fundamentales: seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia; educación y cultura para la paz. Se ha anunciado una inversión global de 57 mil millones de pesos para 2026, de los cuales 37 mil 450 millones se asignarán a programas de bienestar que alcanzarán a 1.5 millones de personas en territorio michoacano. En el frente operativo, se desplegarán 10 500 agentes federales para reforzar la vigilancia y contener los flujos de violencia.
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Una de las claves de esta estrategia es su enfoque territorial y de coordinación. De acuerdo con Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario estatal de Seguridad Pública, Michoacán consolida su seguridad pública con lógica territorial: mediante la instalación de cuarteles regionales —como el de la Guardia Nacional en Tarímbaro y la Guardia Civil en Las Cañas—, se fortalece la presencia estatal y federal en 79 municipios. También el despliegue incluye una estrategia de “blindaje” regional, que busca impedir que grupos del crimen organizado cambien de zona para evadir a las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, acciones más específicas también refuerzan la credibilidad del plan. En 2025 Michoacán ha registrado 78.4 ilícitos por cada 100 000 habitantes, lo que lo ubica en el lugar 25 a nivel nacional en comisión de delitos —un indicador relevante de avance, según la SSP estatal. Además, se han invertido más de 2 000 millones de pesos a través del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz de Michoacán (Fortapaz) entre 2022 y 2024, para cubrir los 113 municipios de la entidad en equipamiento, uniformes y fortalecimiento de cuerpos policiales municipales.
Sin embargo, como todo esquema de alto impacto, este plan enfrenta retos importantes. La magnitud de la inversión y el despliegue requieren un seguimiento riguroso: ¿cómo se medirán los resultados en homicidios, extorsión y desaparición forzada? ¿Cuándo se verán reducciones sustanciales que permitan cambiar la narrativa? Además, la coordinación entre órdenes de gobierno, la profesionalización de los cuerpos de seguridad y la transparencia en las compras y despliegues siguen demandando atención.
Para el sector empresarial en Michoacán, la estrategia es particularmente relevante. Asegurar la paz no solo abre espacios para inversión y empleo, sino también para el desarrollo de infraestructuras logísticas, agroindustriales y turísticas. La seguridad se convierte en un activo de competitividad regional: el despliegue de cuarteles nuevos, la estabilización de zonas rurales y el acompañamiento del Estado a productores de limón y aguacate generan condiciones para consolidar cadenas de valor.
En conclusión, la apuesta de Michoacán para 2026 es integral: no busca solo contener la violencia, sino acompañar con desarrollo, cultura y educación. Esta estrategia representa un cambio de paradigma: de reaccionar ante el crimen a construir paz sostenible desde el tejido social y económico. Si se concreta, el estado no solo recuperará gobernabilidad, sino que podrá posicionarse como un polo de inversión tranquilo y de alto valor estratégico.
