CIUDAD DE MÉXICO.- México podría dar un giro en su política turística si avanza la iniciativa presentada en el Senado por la legisladora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que busca incorporar el turismo comunitario dentro de la Ley General de Turismo como una herramienta para detonar el desarrollo local, conservar los recursos naturales y fortalecer las economías regionales.
La propuesta contempla que el Gobierno federal sea responsable de crear y poner en marcha programas específicos enfocados en este modelo turístico, con el objetivo de que los beneficios económicos, sociales y culturales se reflejen directamente en las comunidades anfitrionas.
De acuerdo con datos de ONU Turismo, México se posicionó en 2024 como el sexto país más visitado a nivel mundial, consolidando al turismo como uno de los pilares de generación de empleo, atracción de inversiones y captación de divisas para el país.
La senadora destacó que esta actividad tiene un impacto transversal en otros sectores estratégicos como el transporte, los servicios culturales y las industrias creativas, lo que amplía su contribución al crecimiento económico nacional.
Asimismo, señaló que distintas modalidades turísticas —como el turismo de salud, gastronómico, alternativo, de negocios y ecoturismo— han demostrado ser eficaces para impulsar el desarrollo regional, revitalizar zonas urbanas y preservar el patrimonio natural y cultural.
En este escenario, el turismo comunitario se perfila como una opción clave para lograr un desarrollo más equilibrado. Corona Nakamura explicó que este esquema es administrado por las propias comunidades, las cuales deciden cómo aprovechar su patrimonio histórico, natural y biocultural, incorporando tradiciones, gastronomía y actividades productivas a la experiencia turística.
Este enfoque permite que las familias locales sean las principales beneficiarias, al tiempo que se refuerza la identidad cultural y el arraigo comunitario.
La iniciativa también pretende fortalecer el marco legal para otorgar mayor certeza a quienes participan en proyectos de turismo comunitario, ampliar la diversidad de la oferta turística nacional y garantizar una distribución más justa de los beneficios.
Además, impulsa la protección del patrimonio cultural y promueve la participación activa de las comunidades en la planeación y administración de los proyectos, alineándose con los principios de desarrollo sustentable que promueve el Gobierno federal.
