La agricultura acechada por la violencia y la inestabilidad
La agricultura mexicana vive una paradoja: mientras su potencial productivo es amplio, especialmente en estados como Michoacán, la violencia y la extorsión están socavando su desarrollo económico. En Michoacán, uno de los pilares agroexportadores del país, productores de limón han denunciado cuotas criminales impuestas por cárteles, lo que encarece los costos y limita su margen de maniobra.
La crisis es estructural: la inseguridad ha elevado los precios agrícolas en un 20%, según la Confederación Nacional Agropecuaria (CNA), afectando tanto a los productores como al consumidor final. Además, el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo —quien denunció públicamente la extorsión— ha dejado una alerta clara sobre el costo humano de negarse a pagar el “derecho de piso”.
La situación se agrava cuando se considera que las actividades primarias en Michoacán reportaron una caída de 18.8% en su actividad económica, según datos oficiales del INEGI. Esto coloca al estado en una encrucijada: debe proteger a sus agricultores y estabilizar la producción para mantener su liderazgo.
Además, la crisis del campo no es solo violencia: el cambio climático y la sequía también están afectando la sostenibilidad productiva.
Para los empresarios agrícolas, la lección es clara: no solo hay que cultivar, también hay que asegurarse de hacerlo en un contexto de paz y transparencia. Las inversiones deben acompañarse de estrategias de riesgo, seguridad y gobernabilidad. Si no se atienden estos factores, la riqueza del campo mexicano podría perderse ante la presión criminal y la ausencia de un Estado capaz de garantizar orden y equidad.
