FRANCIA.- Nintendo acordó pagar una multa de 35 millones de euros para resolver una reclamación en Francia derivada de los problemas detectados en los controles Joy-Con de la consola Nintendo Switch, una situación que durante años generó miles de quejas entre los usuarios.
La controversia comenzó en 2020, cuando una organización francesa de protección al consumidor denunció a la compañía por una presunta práctica de obsolescencia programada. La asociación sostuvo que Nintendo conocía la existencia de defectos recurrentes en los controles, pero no comunicó de manera clara el alcance del problema.
El “Joy-Con drift”, una falla que afectó a miles de jugadores
El principal señalamiento estuvo relacionado con el denominado “Joy-Con drift”, un desperfecto que provocaba movimientos involuntarios en los joysticks de los controles. Debido a esta anomalía, algunos personajes o menús se desplazaban sin intervención del usuario, afectando la experiencia de juego.
De acuerdo con la denuncia, incluso se registraron casos en los que controles prácticamente sin uso comenzaron a presentar fallas, especialmente en consolas fabricadas antes de 2020.
Investigación detectó falta de información al consumidor
La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes de Francia concluyó que Nintendo Europa no informó adecuadamente sobre la naturaleza recurrente del problema, a pesar de que la Switch llevaba varios años en el mercado desde su lanzamiento en 2017.
Asimismo, las autoridades señalaron que la empresa tardó en pronunciarse públicamente sobre la situación. Según el expediente, Nintendo no emitió comunicaciones suficientes para orientar a los consumidores sobre las opciones de reparación disponibles.
Como resultado, numerosos usuarios optaron por comprar controles nuevos, cuando en algunos casos podían acceder a servicios de reparación o sustitución sin costo.
Reparaciones gratuitas desde 2023
Ante la presión de consumidores y reguladores, Nintendo amplió en 2023 su política de atención y comenzó a ofrecer reparaciones o reemplazos gratuitos de controles defectuosos, incluso fuera del periodo de garantía.
La resolución representa un nuevo precedente en Europa sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en materia de transparencia, calidad de producto y protección de los derechos de los consumidores.
